Se atribuye a Albert Camus la frase: «No se puede dar al Estado el poder de hacer el bien sin darle también el poder de hacer el mal; en realidad, de hacer cualquier cosa». Cuando solemos necesitar tres comisiones, cien expertos y una cumbre europea para no decir nada, no es poco mérito condensar en tan pocas palabras uno de los mayores autoengaños de la política contemporánea: la creencia de que el problema no es el poder, sino quién lo ejerce.
En España, desde hace décadas, los abusos institucionales, la colonización partidista y la erosión progresiva del Estado de derecho han generado una reacción social que va de menos a más. Pero esa reacción es, en lo esencial, fulanista. Apunta a nombres propios (Felipe, Aznar, Zapatero, Rajoy, ayer, Sánchez hoy) o como mucho a unas siglas, mientras los fallos del modelo y la cultura del poder permanecen prácticamente intactos.
El problema es en buena medida estructural. La Transición resolvió con éxito una urgencia del momento histórico: evitar el conflicto y asegurar el cambio de la dictadura a la democracia. Pero lo hizo al precio de dejar sin cerrar cuestiones clave: separación efectiva de poderes, despolitización de los órganos de control, límites reales al Ejecutivo, fiscalización práctica de los partidos políticos, responsabilidad personal de los cargos públicos. Lograr el consenso era imprescindible, pero tuvo un coste: una debilidad de origen que ha sido explotada por quienes aspiran a concentrar el poder, que en España nunca han sido precisamente una minoría exótica.
El resultado es una democracia en la que ciertamente se vota, pero en la que los principios de igualdad ante la ley, separación de poderes y control del Ejecutivo se han ido volviendo inoperantes. No mediante golpes radicales, sino a través de un goteo de acciones e interpretaciones interesadas, y una colonización de las instituciones que debería alarmarnos mucho más de lo que lo hace.
Cuando depositamos en el Estado el poder de «hacer el bien», lo que estamos haciendo es concederle el poder de imponer, discriminar, sancionar y moldear la sociedad conforme a criterios ideológicos. Y ese poder no cambia de naturaleza según quién gane las elecciones. Cambia de manos.
Pero el poder, como la historia se ha encargado de demostrarnos una y otra vez, nunca se conforma con hacer solo el bien.
Entre otras cosas, porque nadie en el poder reconocerá jamás estar haciendo el mal.
