El derecho internacional

EL DERECHO INTERNACIONAL, fundado en principios como la soberanía de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza, fue concebido tras la Segunda Guerra Mundial para evitar abusos de poder y proteger a las poblaciones civiles. En teoría, ese marco debía servir como contención frente a dictaduras y violaciones graves de derechos humanos. En la práctica, sin embargo, su eficacia ha dependido casi siempre de la voluntad política de los Estados y no de mecanismos automáticos de protección.

En el caso de Venezuela, organismos internacionales documentaron durante años detenciones arbitrarias, torturas, persecución política y represión sistemática. Informes, resoluciones y condenas públicas dejaron constancia del carácter autoritario del régimen, pero no lograron frenar la tiranía ni proteger a sus víctimas, ni impedir centros de detención como el Helicoide ni la criminalización de la disidencia.

Esa contradicción es señalada con crudeza por el periodista Cristian Campos, al cuestionar que el derecho internacional no haya servido para evitar la tortura y la represión, pero sí sea invocado ahora para blindar al responsable político de esos abusos. Su planteo expone un dilema de fondo: normas pensadas para ordenar las relaciones entre Estados que terminan siendo ineficaces (o funcionales) frente a regímenes que violan derechos desde el poder.

Por eso, el súbito alarmismo de quienes hoy se refugian en el derecho internacional contrasta con décadas de inacción frente a la dictadura venezolana. El problema no es la existencia de principios jurídicos, sino su aplicación selectiva. Cuando el derecho no protege a las víctimas, pero sí incomoda cuando cae el victimario, su credibilidad queda inevitablemente en entredicho.