Es un reconocimiento explícito de que la hoja de ruta verde, tal y como estaba diseñada, colisionaba frontalmente con la realidad industrial y social del continente.
Este viraje de 180 grados, orquestado por la presidenta Ursula von der Leyen bajo la presión de su propia familia política, el Partido Popular Europeo (PPE), marca el fin de una etapa caracterizada por un idealismo regulatorio que a menudo ignoró las capacidades reales del mercado.
La realidad, obstinada, ha terminado por imponerse a la utopía legislativa.
Los datos son innegables. El estancamiento en la venta de vehículos eléctricos, incapaces de penetrar en el mercado de masas por su elevado precio, y la crisis estructural de gigantes como Volkswagen, que afronta cierres de plantas históricos en Alemania, han encendido todas las alarmas.
Europa ha comprendido tardíamente que no puede legislar contra su propia industria ni imponer una transición que la clase media europea no puede pagar.
La decisión de Bruselas supone la victoria del pragmatismo económico sobre las posturas climáticas más rígidas, defendidas por España y Francia, frente al pragmatismo de Alemania, Italia y el PPE.

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